Beatriz recibió a sus hijos en el estudio, donde las persianas estaban cerradas a pesar de la luz de la tarde. Lucía colocó el inventario del incendio sobre el escritorio.
—Dijiste que la carpeta desapareció.
Su madre observó la firma y se sentó despacio. Gabriel permaneció junto a la puerta; Valeria y Paula habían decidido esperar en el jardín para que la familia hablara sin testigos.
—No debí mentirles —dijo Beatriz—. La policía me entregó la carpeta cuando terminó de revisar lo que encontraron en el hotel. Yo creía que esos documentos podían destruir lo poco que quedaba de la empresa.
—¿También pensaste en las familias que perdieron sus anticipos? —preguntó Lucía.
Beatriz respondió que había intentado compensarlas mediante acuerdos privados, pero el dinero no alcanzó para todos. Algunas personas recuperaron una parte; otras nunca recibieron nada. Guardó los comprobantes junto con los documentos originales porque esperaba encontrar una solución antes de que sus hijos descubrieran lo ocurrido.

—¿Dónde está ahora?
—No lo sé. Cuando llamaron de la notaría fui a buscarla. La caja estaba vacía.
Gabriel abrió el armario empotrado y sacó una caja de metal. La cerradura presentaba una marca reciente. Nadie podía determinar cuándo la habían forzado: el estudio permanecía abierto para el personal de limpieza y para él, que trabajaba allí algunas tardes.
Lucía preguntó quién sabía de la caja. Beatriz nombró a su antiguo contador y a la señora que limpiaba la casa, además de sus hijos. Gabriel hizo una llamada al contador, quien negó haberla abierto y aceptó reunirse al día siguiente.
En el jardín, Valeria recibió otro correo anónimo. Esta vez no contenía amenazas, sino una fotografía de una factura y una dirección. El remitente pedía una reunión en un centro comunitario, a mediodía, para entregar más documentos.
—Puede ser una trampa —dijo Paula.

—Por eso no iremos sin avisar —respondió Lucía. Llamó a la licenciada Vázquez y pidió que la acompañara. También compartió la ubicación con Gabriel y su madre.
Al día siguiente encontraron a tres personas esperándolas en una sala del centro comunitario. Una de ellas era Ramiro, el encargado de la demolición del Mirador. Otra se presentó como Elena, hija del contador de los Serrano. La tercera era un hombre que Lucía reconoció de los periódicos: había sido uno de los compradores del proyecto de vivienda.
Ramiro explicó que su padre había trabajado en el hotel. Entre sus pertenencias encontró copias de varios documentos relacionados con el incendio. Cuando la demolición fue anunciada, se puso en contacto con Elena, que investigaba las cuentas de su propio padre.
—No queríamos venderles nada —dijo ella—. Queríamos saber si iban a escuchar a quienes perdieron dinero antes de que vendieran la casa.
Antes de salir, Lucía pidió una copia del inventario y guardó el documento en su bolso.
El hombre dejó una carpeta sobre la mesa. En la portada, escrita con tinta azul, figuraba una fecha: la semana posterior al incendio. Lucía la abrió y encontró una lista de pagos incompleta. Al final había una nota firmada por Beatriz: «Faltan diecisiete familias».